Desde el Observatorio
Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas con presencia en
16 países; el Colectivo Migraciones para
las Américas con presencia en Centroamérica, el Caribe, México, Estados
Unidos y Canadá; la Mesa Transfronteriza
de Migración y Género con Presencia en México y Guatemala; el Colectivo contra la Trata de Personas en
México con presencia en 8 estados y las organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de
Personas en Tlaxcala; quienes sumamos más de 300 organizaciones y universidades, nos
pronunciamos:
Ante el
creciente número de víctimas de trata de personas. Según el Diagnóstico de Trata de Personas en México
2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 1, 549 mujeres
fueron identificadas como víctimas de las cuales 148 son Tlaxcaltecas, ocupando
el lamentable tercer lugar a nivel nacional, después de Chiapas y el Distrito
Federal. En Tlaxcala, las denuncias han
ido en incremento pues de 2000 a 2005 existieron 76 denuncias (según fuentes
hemerográficas), de 2006 a 2008 existieron 57 denuncias (según estudio de
Patricia Olamendi), mientras que de abril
de 2011 a agosto de 2013 se denunciaron 171 casos, de los cuales, solo 6
llegaron a sentencia condenatoria y una absolutoria.
Recientemente el
Centro Fray Julián realizó una encuesta buscando “Conocer la percepción
ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual en el
estado de Tlaxcala y en sus municipios”.
Se aplicó en 26 municipios y en ella se revelan los siguientes datos:
El 85 % de las
personas encuestadas reconoce en el estado de Tlaxcala la existencia de la
trata de mujeres y niñas para la explotación sexual.
A la pregunta ¿Sabes
si existen municipios del Estado donde hay trata de mujeres para la explotación
sexual o personas que se llevan a mujeres a otros lados para ser explotadas
sexualmente? Las personas respondieron la existencia de este delito en 35
municipios; cifra que supera la reportada en 2008 por Patricia Olamendi en el
estudio “Trata de Mujeres en Tlaxcala”, donde se aludía a 23 municipios; es
decir, que en 6 años esta conducta criminal se ha expandido en un 34%.
Recordemos que esta encuesta solo se aplicó en 26 municipios y no en 60 como lo hizo la Dra. Olamendi; de haber
sido así, con toda certeza la cifra aumentaría.
En todos los
municipios encuestados, se reconoció la existencia de trata de mujeres y niñas;
En 15 de ellos más de la mitad de las personas reconoce la existencia de la
explotación sexual de mujeres y niñas. Más de la mitad de las personas
encuestadas (58.78%), mencionó que dicha explotación ha aumentado o sigue
igual, entre las razones de esto, de acuerdo a la percepción ciudadana encontramos
que: el 41.7% señala que el gobierno no realiza acciones de prevención, no
castiga a los tratantes y no cierra lugares de explotación; el 23.53% alude que
la pobreza ha aumentado como una causa; el 11.46% considera que es porque los
consumidores siguen demandando mujeres y niñas para tener relaciones sexuales;
y el 18.17 considera que es porque las autoridades se benefician de esto y hay
corrupción.
Con relación a
la existencia de lugares para la explotación sexual, 56.6% de los encuestados
señalan que van en aumento o que siguen igual.
Sobre las existencia de redes de tratantes, el 53.74% señala que la
existencia de redes familiares en sus municipios ha crecido o sigue igual. Las
razones expresadas son: 28% considera que es mínima la detención y sentencia de
tratantes; 28.21% señala que es porque se deja en libertad a tratantes
detenidos; 25.04% les deja mucha ganancia y; 15.53% porque hay complicidad de
las autoridades con las redes de tratantes.
Respecto a las
acciones que ha realizado el gobierno estatal, 4 de cada 10 personas encuestadas
percibe que no han hecho nada y quienes consideraron que se ha realizado alguna
acción, el 33.85%, señalaron que las acciones gubernamentales no han funcionado. El 49.52% perciben que los
resultados son mínimos.
Este conjunto de
datos es preocupante. No es admisible que el delito se extienda
territorialmente en Tlaxcala y trascienda las fronteras, cuando existe un marco
normativo amplio y suficiente, que de implementarse, impactaría en su
erradicación. El estado de Tlaxcala
cuenta con políticas públicas establecidas en la Estrategia y Plan Sexenal
contra la Trata de Personas, que definen con claridad los objetivos,
actividades, responsables e indicadores de cumplimiento y que deben mirarse en
su conjunto con el resto de las leyes y programas existentes a nivel federal e
internacional.
Desde la
percepción ciudadana y el desempeño de la labor de las organizaciones sociales, vemos que la
política pública existente se aplica de manera mínima y no está atacando de
raíz el problema, así mismo vemos que no se aplica en los municipios de alta
prioridad. No se difunde información sobre las acciones gubernamentales y no
hay transparencia ni acceso a la información a través de solicitudes de información
pública respecto al cumplimiento de objetivos planteados en el Plan Sexenal
contra la Trata. La respuesta del Presidente del Consejo
Estatal contra la Trata en voz del Secretario de Gobierno fue textualmente:
“Los integrantes del Consejo Estatal contra la Trata de Persona, acordamos
clasificar como INFORMACIÓN RESERVADA, por un término de DOCE AÑOS y por
acuerdo unánime, toda la información que derive de la ejecución de las acciones
señaladas en el Plan Sexenal del Consejo Estatal contra la Trata de Personas y
de la Estrategia Estatal para Prevenir la Trata de Personas y Asistencia a las
Víctimas, excepto las que se refiera a talleres y cursos”; respuesta
carente de fundamentación y con una motivación a todas luces ilegal y violatoria
del derecho humano al acceso a la información pública y a la verdad.
Por todo ello exigimos:
La implementación de las políticas públicas existentes a nivel federal, estatal y municipal establecidas en la
Estrategia Estatal y su Plan Sexenal contra la Trata.
Que cada una de
las acciones que desde el gobierno
estatal se desarrollen, sean con
transparencia, rendición de cuentas, asignación presupuestal y encausadas a la
prevención, atención, persecución, sanción y reparación del daño de las
víctimas y sus familias.
Implementar mecanismos
que brinden protección y atención integral a las víctimas en espacios adecuados
y seguros, que permitan la reintegración integral y la recuperación de
un proyecto de vida.
Así mismo que la Procuraduría General de Justicia del
estado de Tlaxcala garantice la justicia pronta y expedita a las víctimas pues
en total de 2000 a 2013 han existido 304 denuncias.
Desarrollar y
ejecutar acciones de prevención coordinadas entre las diversas instancias
gubernamentales como lo mandata el Plan Sexenal, los instrumentos nacionales e
internacionales.
Asimismo, las
organizaciones aquí firmantes, reprobamos que el gobierno estatal simule
acciones tendientes a minimizar la problemática en la región a través de
legislaciones y políticas públicas que
han sido ignoradas.
Tlaxcala,
Tlaxcala a 19 de septiembre de 2014
Vocería:
Maira Rojas y
Mónica Salazar, Colectivo Contra la Trata de Personas en México.
Antonia Chávez,
Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas
capítulo México.
María Guadalupe
García Vargas, Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local
A.C.
Ivonne Bagnis,
Iniciativa Popular contra la Trata de Personas.
