lunes, 27 de julio de 2015

México D.F. a 20 de Julio de 2015

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL

Los familiares de las personas que están presas como consecuencia de los operativos antitrata que realiza la Fiscal Juana Camila Bautista Rebollar, hemos decidido el día de hoy, manifestar publica y pacíficamente, nuestra desesperación por la situación que están sufriendo nuestras familias, quieres injustamente están en la cárcel por un delito que jamás han cometido.

Cansados de la violación a los Derechos Humanos de las personas que son detenidas durante operativos antitrata que ejecutan todo el personal que integra la Fiscalía especializada en el Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hemos decidido, presentar una denuncia de hechos al Procurador de la Ciudad de México, para que se investigue y en su momento se sancione penalmente a la Fiscal Juana Camila Bautista Rebollar y/o quien resulte responsable por la probable responsabilidad de los Delitos de Abuso de Autoridad y Tortura en agravio de todas las personas que han sido detenidas y presentadas ante el Ministerio Público, durante los operativos al combate del Delito de Trata de Personas, que encabeza la Señora Juana Camila Bautista Rebollar.

Por otra parte, el día de hoy también, hemos decidido solicitarle por escrito, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Magistrado Edgar Elías Azar, nos conceda una audiencia pública a los familiares de las personas presas injustamente por las arbitrariedades de la Fiscal Juana Camila Bautista Rebollar,   para que le demos a conocer el estado que guardan los diferentes procesos penales de nuestros familiares, y solicitar su intervención para una pronta y expedita impartición de Justicia. Ya que debido al burocratismo del personal de los Juzgados, la mayoría de nuestros familiares han pasado más de un año, sin que hasta el momento hayan recibido sentencia alguna.

Todo lo anterior es una clara violación a los Derechos Humanos de todas y cada una de las personas que injustamente están privadas de su libertad, por falsas y dolosas acusaciones, fabricadas por el personal ministerial de la Fiscalía especializada en el Delito de Trata de Personas del Distrito Federal.